Si perteneces a una organización religiosa o trabajas en el sector de fe:

El gobierno de Iván Cepeda desarrollará cinco propuestas concretas para el sector interreligioso, que parten del reconocimiento de las entidades religiosas como actores espirituales, culturales y sociales (no como fuente normativa del Estado ni como apéndice de un partido político) y de su papel histórico en la construcción de paz, la reconciliación y la justicia social. PROPUESTA A — EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LIBERTAD RELIGIOSA El Gobierno adelantará un proceso nacional y territorial de evaluación participativa de la Política Pública de Libertad Religiosa y de Cultos adoptada en 2018, con la participación activa de iglesias, comunidades de fe, organizaciones basadas en la espiritualidad, academia, sociedad civil y entidades territoriales. Actualizar la política incorporando explícitamente los enfoques de libertad de conciencia, paz territorial, igualdad, no estigmatización y dignidad humana, garantizando coherencia con el marco constitucional y la laicidad del Estado. · Definir indicadores de impacto con enfoque diferencial y mecanismos claros para el reporte de situaciones de protección, la incidencia en la toma de decisiones y la rendición pública de cuentas. · Asegurar el involucramiento de jóvenes, mujeres, personas de orientaciones sexuales diversas, indígenas, afrodescendientes y raizales. PROPUESTA B — IMPLEMENTACIÓN PLENA Y TERRITORIALIZADA DEL SINALIBREC El Gobierno garantizará la implementación efectiva, sostenida y territorializada del Sistema Nacional de Libertad Religiosa, de Cultos y Conciencia; Diálogo Social; Paz Total; Igualdad y No Estigmatización (SINALIBREC), creado en el artículo 312 de la Ley 2294 de 2023 y reglamentado por el Decreto 1382 de 2025. Fortalecer el funcionamiento real de sus instancias nacionales y territoriales, asegurando articulación con los planes de desarrollo y las políticas sectoriales pertinentes. · Establecer mecanismos de seguimiento, indicadores de resultado, metas verificables e informes periódicos de rendición de cuentas con participación del sector religioso y la ciudadanía. · Fortalecer la veeduría ciudadana del sistema para que opere como herramienta efectiva de garantía de derechos y construcción de paz. · Modernizar la DAR-MI: actualización del censo mediante georreferenciación catastral, reforma de procedimientos de personerías y equidad tributaria para predios de iglesias reconocidas. PROPUESTA C — PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LÍDERES RELIGIOSOS CONSTRUCTORES DE PAZ Desarrollar un Programa Nacional de Protección Integral dirigido a líderes y lideresas religiosas que cumplen un papel fundamental en la defensa de la vida, la dignidad humana, los derechos humanos y la convivencia pacífica. · Articular las capacidades del Estado con un enfoque preventivo, territorial y comunitario, reconociendo a los líderes religiosos como líderes sociales y constructores de paz. · Adaptar las medidas de protección a los contextos específicos de riesgo, buscando no solo responder a amenazas sino prevenirlas. PROPUESTA D — FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL SECTOR RELIGIOSO PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO COMUNITARIO Impulsar un programa de fortalecimiento de capacidades del sector religioso orientado a potenciar su aporte al bien común, la acción social, la reconciliación, la ayuda humanitaria, los derechos humanos y el DIH, y la construcción de paz. · Incluir procesos de formalización organizativa, estrategias de formación y certificación de competencias en alianza con el SENA, universidades públicas y privadas y otras instituciones de educación superior. · Fortalecer la Red Académica para la Libertad Religiosa como espacio de producción de conocimiento, investigación, formación de servidores públicos y actores religiosos, y sistematización de experiencias territoriales. · Promover el liderazgo de mujeres, jóvenes y liderazgos comunitarios, con énfasis en mediación, derechos humanos y paz. PROPUESTA E — PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS, ABUSOS Y ESTIGMATIZACIÓN EN CONTEXTOS RELIGIOSOS Implementar una estrategia nacional de prevención y atención de violencias, abusos y prácticas discriminatorias en contextos eclesiales y religiosos plurales, para fomentar la dignidad humana y prevenir las violencias. · Desarrollar protocolos de prevención, atención y remisión de casos, procesos de formación en derechos humanos, enfoque de género y protección de niños, niñas y adolescentes, y acciones específicas contra la estigmatización religiosa. · Fortalecer la Red Humanitaria Interreligiosa como espacio de reconocimiento y articulación para el trabajo social y humanitario de todas las expresiones de fe, y el Banco de Iniciativas Interreligiosas (BIIR). · Fortalecer la Red Nacional de Mujeres del Sector de Confesiones de Fe como mecanismo de acción social y humanitaria articulado con el Estado. · Promover la articulación interreligiosa con los sectores de educación, salud y el ministerio público para una respuesta oportuna a situaciones de emergencia que pongan en riesgo la vida. Se debe llamar al orden del lado de la vida, a no incitar a la violencia ni servir de mediador para lavar delitos moralmente.