Ficha Revolucion Urbana Vivienda como derecho integrada 26042026

Hoy en Colombia muchas familias trabajan, pagan arriendo, cuidan a sus hijos, a personas mayores o a familiares con discapacidad y aun así sienten que una vivienda digna está cada vez más lejos. Otras ya tienen casa, pero viven con goteras, hacinamiento, baños incompletos, falta de agua, inseguridad jurídica, barrios sin servicios suficientes, sin transporte cercano o sin equipamientos de cuidado, salud, educación, cultura y recreación. La propuesta de Iván parte de una idea sencilla: la vivienda no es solo una casa; es vivir cerca del empleo, el estudio, el transporte, el cuidado, el agua, el espacio público, la cultura, la recreación y las oportunidades. Por eso la política debe ayudar a comprar, arrendar, mejorar, construir en sitio propio, reutilizar viviendas, legalizar y titular barrios, y conectar cada solución habitacional con servicios públicos, movilidad limpia, equipamientos y vida comunitaria, según la realidad de cada hogar. En palabras sencillas, la propuesta pasa del subsidio aislado a una política integral de vivivienda y hábitat: combina suelo, financiación, comunidad, asistencia técnica y distintas formas de tenencia para que la vivienda digna sea una ruta posible, no una promesa lejana ni una deuda individual de cada familia. Más de 4,9 millones de hogares tienen déficit habitacional: algunos necesitan una vivienda nueva y muchos más necesitan mejorar la que ya tienen. · El arriendo pesa cada vez más en el bolsillo: cerca de 4 de cada 10 hogares viven en arriendo o subarriendo, y en las ciudades el porcentaje es aún mayor. · Muchas familias viven en casas con problemas de agua, saneamiento, pisos, techos, baños, cocinas, hacinamiento o falta de seguridad estructural. · En la ruralidad, las periferias, el Caribe, el Pacífico y los barrios populares el rezago es más fuerte; además, los hogares han cambiado y necesitan alternativas distintas a una única vivienda estándar. · Miles de familias viven en barrios sin legalizar o sin título de propiedad, lo que limita el acceso a crédito, servicios formales, mejoramientos y seguridad jurídica. · La vivienda social muchas veces se ubicó en periferias mal servidas, lejos del empleo, del estudio, del transporte, de los sistemas de cuidado, de la salud, la cultura, la recreación y el deporte. · Hay edificios públicos, predios fiscales y centros urbanos subutilizados que podrían servir para vivienda social, arriendo protegido, vivienda usada VIS/VIP, equipamientos y revitalización urbana. · Las necesidades son distintas: mujeres cabeza de hogar, jóvenes que buscan emanciparse, nuevos hogares, personas mayores, cuidadores y cuidadoras, hogares vulnerables, ciudad. Popular, clases medias, hogares rurales y étnicos requieren rutas diferenciadas, no una única vivienda estándar. · El déficit no se resuelve con una sola fórmula: se necesitan al mismo tiempo vivienda nueva, mejoramientos, construcción en sitio propio, reuso de edificaciones, vivienda usada, arriendo social, titulación y legalización, según la composición del hogar, el territorio, el ingreso y la etapa de vida. Porque durante años la política de vivienda se concentró demasiado en una sola respuesta: subsidio más crédito hipotecario, y el que no clasifica, que se arregle. Pero el país necesita muchas soluciones al mismo tiempo: vivienda nueva urbana y rural, mejoramientos, construcción en sitio propio, arriendo social, arriendo con opción de compra, vivienda usada, reuso de edificios, titulación, legalización, gestión pública del suelo y modelos cooperativos o comunitarios de tenencia. La autoconstrucción popular, que resolvió el problema de vivienda de generaciones enteras, fue abandonada como política pública. Cuando el Estado no organiza el suelo, no coordina recursos, no reconoce las distintas formas de vivir de la gente y no articula vivienda con servicios públicos, movilidad, cuidado, equipamientos, cultura, recreación y espacio público, la vivienda termina dependiendo solo del mercado, del endeudamiento o de la informalidad. Por eso la política debe pasar del subsidio aislado a una ruta integral de vivienda y hábitat. Por eso la propuesta plantea una arquitectura pública de coordinación: un Sistema Nacional de Suelo y Hábitat, un Fondo Social de Vivienda y Hábitat, nodos regionales y patrimonios autónomos por proyecto, para que la Nación, los territorios, las comunidades y el sector privado no actúen de forma dispersa sino con metas, suelo, financiación y ejecución articuladas. Impulsar un programa integral de soluciones permanentes de vivienda, que en nuestro programa serán. 1,36 millones y 1,36 millones de y hábitat y 120.000 cupos de vivienda transitoria o arriendo social. · Meta clara y realista del cuatrienio: organizar 1,36 millones de soluciones permanentes de vivienda y hábitat, más 120.000 cupos transitorios, combinando 360.000 viviendas nuevas urbanas y rurales, 200.000 soluciones de construcción en sitio propio y vivienda progresiva, 720.000 mejoramientos, 80.000 soluciones de reuso de edificaciones o vivienda usada VIS/VIP, y una acción transversal de titulación y legalización para dar seguridad jurídica a los hogares. · Mejorar lo que ya existe: Priorizar la reducción del déficit cualitativo con mejoramiento de vivienda y barrial comunitario, bancos de materiales, asistencia técnica y participación de organizaciones sociales como ejecutoras en todo el país. Realizar 720.000 mejoramientos de vivienda para resolver problemas concretos: baños, cocinas, pisos, techos, agua, saneamiento, hacinamiento y seguridad habitacional. Hacer de la construcción en sitio propio una línea central: apoyar a quienes tienen lote o posesión regularizable para construir progresivamente con asistencia técnica. · Vivienda donde se necesita: Frenar la construcción de vivienda social en periferias mal servidas y garantizar que las nuevas soluciones estén cerca de los servicios, el trabajo y la vida urbana. Construir 360.000 viviendas nuevas urbanas y rurales, con proyectos mejor localizados, mezcla de usos, acceso a servicios y pertinencia territorial. Crear alternativas de arriendo social, arriendo con opción de compra, vivienda usada VIS/VIP y reuso de edificios vacíos o subutilizados. · Gestión pública y democrática del suelo: crear una ruta para usar suelo público o recuperable en vivienda, equipamientos y cuidado; capturar plusvalías donde el suelo se valoriza; aplicar reparto de cargas y beneficios; y usar derecho de superficie para bajar el costo de entrada sin perder el destino social del suelo. · Crear alternativas de arriendo social y arriendo con opción de compra, vivienda usada VIS/VIP y reuso de edificios vacíos o subutilizados. Este enfoque de vivienda y arriendo social protegido deberá entenderse también como una política para nuevos hogares, jóvenes que empiezan su vida independiente, mujeres madres cabeza de familia, cuidadoras y cuidadores, personas mayores y clases medias que hoy enfrentan barreras reales de ahorro, crédito, localización y estabilidad. La finalidad es que nadie quede por fuera por no cumplir el cierre financiero tradicional y que la vivienda bien localizada sea un camino de inclusión, arraigo y dignidad. · Red nacional de vivienda transitoria y alquiler social: crear cupos para hogares en pobreza extrema, mujeres víctimas de violencia, población desplazada, jóvenes, personas mayores sin red de apoyo y familias afectadas por reasentamientos, desastres o desalojos por riesgo no mitigable, con posibilidad de pasar luego a opción de compra o vivienda usada si el hogar estabiliza sus ingresos. · Reusar edificaciones y revitalizar centros urbanos: pasar del abandono al uso social de bienes fiscales, baldíos, activos públicos y edificaciones en desuso para vivienda social, vivienda transitoria, arriendo protegido, servicios compartidos y equipamientos que en todo caso promueva localización de grupos socioeconómicos diversos, incluidas las clases medias, alojamiento temporal, servicios sociales, cuidado y economía popular, con prioridad para mujeres cabeza de hogar, jóvenes personas mayores, población migrante o retornada y hogares vulnerables y nuevos hogares. · Financiar vivienda digna, bien localizada y no segregada: reorientar subsidios y crédito para beneficiar primero a quienes más lo necesitan; evitar la vivienda periférica y mal servida; habilitar construcción en sitio propio, autoconstrucción acompañada, mejoramiento y arriendo social protegido; y superar el cierre financiero excluyente, impone financiar la política con un esquema multifuente: PGN/Fonvivienda, entidades territoriales, suelo público, cajas de compensación, SGP para agua y saneamiento, obras por impuestos, plusvalías, reparto de cargas y beneficios, derecho de superficie, FNA, Findeter, banca pública y privada, garantías del Estado y aportes de los hogares según su capacidad; de igual forma implica redirigir y articular los recusos de la nación para vivienda, hoy fragmentados en multiples entidades, con los de las entidades territoriales, cajas de compensación, obras por impuestos, plusvalías, sector financiero y aportes de los hogares según su capacidad. El crédito público debe habilitar modalidades de financiación alternativas al crédito hipotecario tradicional: construcción en sitio propio, mejoramiento progresivo, arriendo social protegido, vivienda cooperativa y comunitaria. · Un pacto financiero para abrir la puerta de entrada: mantener el principio de que el Estado ayude a cubrir la cuota inicial y facilite la entrada al sistema; que el hogar aporte según su capacidad mediante ahorro, trabajo propio o pago mensual compatible con sus ingresos; y que el sector financiero participe con garantías parciales del Gobierno, cobertura a la tasa y criterios flexibles para hogares con informalidad laboral pero capacidad de pago. · Promover vivienda popular cooperativa, comunitaria y asociativa: apoyar formas de tenencia seguras con suelo público o socialmente apropiado, crédito público, garantías y esquemas de sostenibilidad de largo plazo, como alternativa real para hogares vulnerables, clases medias, nuevas familias, jóvenes, mujeres y personas cuidadoras. · Retomar la autoconstrucción por un hábitat justo, diverso y próspero: acompañar técnica y financieramente a familias y organizaciones para construir o mejorar vivienda con suelo público o incautado, subsidios territoriales y participación de las familias beneficiarias en el proceso constructivo y en la vida comunitaria posterior. · Autogestión con acompañamiento técnico: escalar la construcción delegada con diseños adaptables, compra agregada de materiales, supervisión estructural y pagos contra hitos de obra, articulando juntas de acción comunal, organizaciones populares de vivienda, asociaciones campesinas, cabildos, consejos comunitarios, cooperativas, universidades, cajas de compensación, constructoras y gremios. · Legalizar los barrios populares: Avanzar en titulación, legalización de barrios y asistencia técnica para que las familias que construyeron su casa tengan seguridad jurídica sobre ella. · Vivienda cooperativa y comunitaria: Reconocer y apoyar formas colectivas de tenencia con suelo público, crédito estatal y garantías de largo plazo, para que la vivienda no sea solo una mercancía sino un patrimonio comunitario. · Movilidad limpia y accesible: Cofinanciar sistemas de transporte integrados con tecnología limpia, trenes, cables, tranvías y bicicletas, para que moverse por la ciudad no sea un lujo ni una tortura. · Comunidades con poder de decisión: Fortalecer la participación de las comunidades urbanas en las decisiones de crecimiento, desarrollo y producción de ciudad. Se debe superar su rol formal en diversos espacios, instancias, e instrumentos de desarrollo urbano como planes de ordenamiento, instrumentos de planificación intermedios y gestión del suelo y en general de los procesos de reglamentación urbanística de sus territorios, que no pasan de ser instancias de participación ciudadana con casi nula intervención en las decisiones de ciudad.